El crimen de Federico García Lorca
pesó sobre la dictadura durante sus cuatro décadas, pero el régimen
nunca reconoció oficialmente que hubiese tenido alguna responsabilidad
en el fusilamiento del poeta. La trascendencia del informe policial y
las cartas ministeriales difundidas por la Cadena SER reside en el hecho
de documentar oficialmente la implicación de las autoridades rebeldes
en la detención y muerte del poeta, según Ian Gibson, biógrafo y autor de numerosos libros sobre el autor de Bodas de sangre.
“No quiere decir que no hubiera otros, pero no han salido a la luz,
este es el primer documento oficial. Da idea además del problema que
representa la muerte de Lorca para el régimen desde el mismo momento en
que se produce. Si el informe policial se llega a publicar pondría en
evidencia que lo que habían afirmado hasta entonces es falso”, explica
Gibson.
Laura García Lorca, sobrina del autor de Poeta en Nueva York,
fue incluso más contundente: “Desde el punto de vista histórico es
importante que exista un documento interno del régimen de Franco
reconociendo que fue un crimen político”. La difusión de la
documentación interna de la dictadura sobre el crimen de Víznar entierra
definitivamente versiones “peregrinas” que circularon sobre el
fusilamiento como que obedecía a “rencillas familiares” o “pasiones
homosexuales”. “La policía reconoce lo que ya sabíamos: que fue un
crimen político motivado porque le consideraban, y por ese orden,
socialista, amigo de Fernando de los Ríos, masón y homosexual”.
El relato mecanografiado el 9 de julio de 1965
en Granada por un policía que no se identifica no deja dudas sobre la
responsabilidad política de las fuerzas sublevadas en la detención y
asesinato del poeta en 1936: “En el cuartel de Falange, instalado en la
calle San Jerónimo, se hallaban el jefe de bandera don Miguel Rosales
Camacho cuando en él se presentaron el diputado obrerista por la CEDA,
don Ramón Ruiz Alonso, don Juan Trescastro, don Federico Martín Lagos y
algún otro que no ha podido precisarse, con una orden de detención
dimanante del Gobierno Civil contra FEDERICO GARCÍA LORCA”.
El mismo documento relata que fuerzas dependientes del Gobierno Civil
sacan al poeta del calabozo y lo conducen a Víznar, donde es “pasado
por las armas” tras “confesar”. Gibson pone el acento sobre esto: “El
informe que piden es contundente. Demuestra que no fue un asesinato
callejero, que fue sacado del Gobierno Civil para asesinarlo. Ellos
mismos lo dicen”, señala.
Pero el régimen, que había solicitado en 1965 el informe para atender
la petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, que preparaba
una biografía sobre Lorca, decide ocultar el resultado de la
investigación, tal y como se deduce del intercambio de cartas entre los
ministros de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, y Asuntos Exteriores,
Fernando Castiella. “Lo que más me gusta es cuando Camilo Alonso Vega le
dice a Castiella que ‘peor es menearlo”, agrega Gibson, que sin embargo
le resta importancia a otros detalles del informe policial, como las
referencias al lugar donde muere o de las personas que le acompañan. Un
aspecto cuestionado también por los historiadores que trabajan en la
excavación de la fosa de García Lorca.
“Públicamente, hasta dónde yo conozco, nunca aceptaron que la muerte
de Lorca procediera de una orden desde arriba. Siempre aludían a
escaramuzas incontroladas, tiñéndolo de brumas. Es una estrategia típica
de la propaganda: crear la sombra de la duda, decir que cabía la
posibilidad de que fuese una venganza o incluso una cuestión pasional
relacionada con su homosexualidad”, señala José Luis Ledesma, profesor
de Historia contemporánea de la Universidad Complutense y autor de
varios libros sobre la violencia durante la Guerra Civil en la
retaguardia, como fue el caso de García Lorca. Ledesma resalta que se
trata de un “documento privado, no destinado a ser público, y por tanto
no determinado por su posible trascendencia pública o por intereses de
propaganda, donde se reconoce abiertamente lo que ya intuíamos y en
buena medida sabíamos: que la orden de detención de Lorca vino desde
arriba”.
El único documento oficial que existía hasta ahora era la partida de
defunción del poeta, datada en 1940 y extraída clandestinamente de
España en un calcetín por el investigador Agustín Penón en los años
sesenta, según recuerda Fernando Valverde, profesor de Literatura en la
Universidad de Georgia, que ha escrito numerosos artículos sobre la
muerte del poeta. “Penón nunca llegó a publicar nada, pero dejó una
maleta llena de documentos de la que luego tirarían otros
investigadores”, recuerda Valverde.
La partida ayudó a desmontar la versión que corría por Granada sobre
la muerte del intelectual que llevó el teatro a pueblos perdidos con La
Barraca. “La partida recogía el eufemismo que se usaba entonces de que
había muerto ‘por heridas en actos de guerra’, pero al menos dejó de
decirse que había sido un ajuste de cuentas”, señala.
