La norma que regula el pago del gravamen por préstamo en centros públicos provoca un fuerte rechazo tanto de bibliotecarios como de la entidad que gestiona los derechos de autor del libro
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| Biblioteca pública Infanta Elena en Sevilla, España./Paco Puentes./elpais.com |
El Real Decreto
que regula el pago de un canon para los autores por el préstamo de sus
obras en las bibliotecas públicas trata de solucionar el caos que reina
en este terreno, pero por ahora solo ha desatado el rechazo general del
sector, tanto de los están a favor de esta tasa como de los están en
contra. Cedro (Centro Español de
Derechos Reprográficos), la entidad que gestiona los derechos de autor
de los escritores, que defiende el canon, considera que es ampliamente
insuficiente y está estudiando presentar un recurso ante la justicia
europea. Por otro lado, las asociaciones profesionales de
bibliotecarios, que rechazan el pago del canon, aseguran que la ley
representa un nuevo problema para las bibliotecas públicas, cuya
situación califican de crítica.
“Se trata de intereses contrapuestos que son difíciles de aunar, pero
creo que es una legislación razonable”, asegura Jesús Prieto, director
general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas ante las críticas que ha
suscitado el proyecto.
Publicado en el BOE
el 1 de agosto, el Real Decreto llega con siete años de retraso, ya que
España paga el canon desde 2007, cuando entró a formar parte de la Ley del Libro después de que una sentencia del Tribunal de Luxemburgo
le obligase bajo la amenaza de una multa de 300.000 euros diarios. El
canon forma parte de la legislación europea desde 1992 y algunos países
lo pagan desde finales de los años cuarenta. Entonces, el Gobierno pagó
el monto total que corresponde a todas las administraciones –1,3
millones de euros– y se comprometió a buscar una fórmula para regular la
compensación a los autores por el préstamo de sus obras, pero ha sido
necesario esperar siete años, hasta este verano.
El canon no lo pagan ni los usuarios ni las propias bibliotecas, sino
que lo sufragan las Administraciones titulares de los centros. En
España, existen 4.771 bibliotecas públicas y 79 bibliobuses. El Estado
es titular de 53 bibliotecas (aunque solo gestiona una, la Biblioteca
Nacional) y las Comunidades Autónomas de 70. La inmensa mayoría son
municipales, aunque la ley solo afecta a las que están situadas en
localidades de más de 5.000 habitantes (unas 1.300). El Real Decreto
también excluye del pago a todas las bibliotecas dependientes del
sistema educativo.
El problema, según Cedro, es que durante estos años el Estado y la
Comunidad de Madrid han pagado su parte; pero prácticamente nadie más,
en una clara violación de las exigencias legales de Bruselas. En 2009,
la entidad de gestión de derechos autor recaudó por este concepto
280.000 euros; en 2010, 110.000 euros; en 2011, 80.000 euros y en 2012,
107 euros (porque el Estado aplazó el pago hasta 2013). Esta bajada se
explica en parte porque el canon, ahora, se paga por ejemplares
adquiridos por las bibliotecas, que desde la crisis se compran muchos
menos libros. Pero también, en parte, porque casi nadie pagaba.
La nueva norma establece que el sistema de pago por compra de
ejemplares se prolongará hasta diciembre de 2015 (16 céntimos por cada
obra comprada para ser destinada al préstamo, ya sea un libro, un cd o
un dvd), pero a partir de entonces cambia por completo el sistema: se
pagarán 4 céntimos por cada obra que se preste y 5 céntimos por cada
usuario inscrito en una biblioteca que haga uso del servicio. El cambio
es radical: se pasa de cobrar por obra comprada, independientemente de
que se preste o no a cobrar por préstamo. Según datos de 2012 (los
últimos disponibles), hay 11,57 millones de personas inscritas en
bibliotecas públicas, que recibieron 85,55 millones de visitas, aunque
se produjeron 42,2 millones de préstamos.
Dado que existen numerosas variables –muchas obras están libres de
derechos autor, sólo cuentan para los cálculos los usuarios que tomen
volúmenes prestados para leerlos fuera del recinto, no los que tengan un
carnet o frecuenten la sala de lectura–, los cálculos de lo que esto
podría representar son enormemente diferentes entre Cedro y la
asociación que agrupa a los bibliotecarios, Anabad (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas).
La entidad que gestiona los derechos de autor calcula que serán entre
214.840 y 426.303 (depende si se cuentan las obras prestadas o los
ejemplares prestados), mientras que para Anabad será mucho más, en torno
a 1.238.000 euros. El dinero que se ingrese será gestionado por las
entidades de derechos de autor y repartido entre los autores cuyos
libros hayan sido prestados –muchos escritores españoles ya reciben
fondos por este concepto provenientes de Reino Unido, Francia, Alemania e
Irlanda–.
“No ponemos en duda el derecho de los autores”, explica José María Nogales, vicepresidente de Anabad.
“Nuestro temor es que las bibliotecas dejen de ser bibliotecas, que se
conviertan en salas en las que los jóvenes vayan a estudiar”, agrega
este representante de la principal asociación de bibliotecarios, que ha
promovido un manifiesto que rechaza este canon “no solo por lo que
supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, si
no por cuanto obliga a las bibliotecas a pagar por el mero hecho de
prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo
así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia
como servicio público”.
Entre 2008 y 2012 la reducción presupuestaria en las bibliotecas
públicas de España fue del 35,9% y tuvieron una disminución del 43,6% en
las adquisiciones de las colecciones, según el Observatorio de la
Cultura. El presupuesto para comprar nuevos títulos en las 53
bibliotecas que dependen directamente del Estado ha caído en más del
60%.
Cedro, en cambio, considera que se trata “de cantidades
insignificantes”, según explicaron fuentes de la organización, que
cuenta con 22.235 socios. Las mismas fuentes aseguraron que están
estudiando un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo. “Los países que
tienen las mejores bibliotecas del mundo aplican el canon, no creo que
sean dos cosas que tengan que ver”, explicaron en Cedro. Actualmente,
según el Public Lending Rights Network,
33 países mantienen diferentes sistemas de retribución a los autores.
El primero fue Noruega, en 1947, el último, Hungría, en 2008.
La polémica en torno al pago de un canon a los autores nunca ha cesado. El escritor francés de origen español Michel del Castillo, autor de Tanguy, publicó ya en el año 2000 un lúcido ensayo sobre el asunto, Droit d’auteur,
en el que reivindicaba la remuneración de los creadores e intuía las
turbulencias que se avecinaban sobre el mercado del libro. En 2007, tras
la sentencia de Luxemburgo, surgió una iniciativa de escritores contra el canon.
Del Castillo escribió entonces, cuando los cambios impulsados por
Internet comenzaban a acelerarse, una frase que cobra relevancia cada
día: “La polémica en torno en torno al derecho de autor no es más que un
aspecto, menor, de las mutaciones que se están produciendo. En
realidad, nadie sabe a qué se parecerá el mundo del libro dentro de un
cuarto de siglo”.
Han pasado 14 años y ese gigantesco interrogante sigue siendo válido.
Ahora mismo el último desafío al que se enfrentan las tambaleantes
bibliotecas públicas es el impulso y la regulación del préstamo de
libros electrónicos, un aspecto que no está incluido en la norma
aprobada en agosto ya que, según la legislación española, el préstamo
requiere que exista un libro físico. Nogales, representante de los
bibliotecarios, asegura: “El auténtico problema es la nube y todo lo que
ello conlleva. Cualquier solución tiene que hacerse pensando en el
futuro”. “Las nuevas tecnologías borran las fronteras, transforman el
espacio, encogen el tiempo. Hay menos espacio para la diferencia y la
singularidad. Defender al creador, reivindicar sus derechos, es rechazar
este nivelamiento”, escribió entonces el autor de Tanguy.
